Candidatos, no delincuentes

El 8 de noviembre el país va a elecciones munici­pales. El baile central de intendentes y concejales rumbo a los comicios arranca en realidad en julio próximo, con las internas partidarias para elegir candidatos. Qué bueno sería escuchar, des­de ahora mismo, algunas propuestas serias, en es­pecial de quienes aspiran a gobernar las ciudades más determinantes, por ejemplo, Asunción. Pero eso es demasiado pedir. Por el momento, lo que tenemos es una camada de munícipes que se va y algunos con un prontua­rio agravado después de cinco años de gestión.

En 2015 en Lambaré, por ejemplo, se trataba de ele­gir el candidato con menos procesos judiciales. Hoy el municipio está inter­venido por denuncias de malversación de fondos y cohecho pasivo, vulgo coi­ma. Dos más dos, cuatro. A Asunción no le va mucho mejor, con el intendente renunciado y un sustituto rechazado por su partido. Feo clima para que los vecinos asuncenos elijan gobierno. Prácticamente no hay municipio –o son demasiado pocos- que no tenga algún procesado por una variedad casi infinita de delitos: lesión de con­fianza, cadenas de coimas, venta de influencias, no rendición de cuentas, basurales sin licencia am­biental, quemas ilegales y hasta lavado de dinero.

Hay intendentes que capitanean invasiones de propiedades, como el de Tembiaporá (Caaguazú), un sujeto procesado y condenado en 2016, dejado en libertad para encabezar nuevos atro­pellos que le valieron otra orden de prisión a comienzos de este año.

Cada elección se vuelve más insalubre porque en demasiados casos se fuer­za al ciudadano a elegir no entre candidatos sino entre verdaderas galerías de delincuentes, algunos procesados y condenados que, por carecer de senten­cia firme, tienen la insufri­ble caradurez de continuar con su candidatura.

Un sistema electo­ral que apesta.

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