NI BAJAR LA GUARDIA NI ARRIAR BANDERAS

Llámese ley de financiamiento
político, desbloqueo,
transparencia o cualquier
denominación que
quiera darse al proceso,
algo tiene que cambiar
en la vida política institucional
del país si
queremos salirnos del
camino sin regreso
en el que estamos.

El ejercicio de la política
sigue estando, mayoritariamente,
en manos de
la peor combinación de
dirigentes que pueda
imaginarse: incompetentes
y corruptos, que
además hacen gala de una
absoluta falta de vergüenza
ante la ciudadanía.

Existen dinastías enteras
empotradas en el Estado
nacional y municipal,
que se burlan en forma
sangrienta de la ley antinepotismo,
conducta que
además desnuda la
absoluta inutilidad de la
ley de la función pública y
de su órgano de aplicación.
Los partidos políticos
siguen siendo verdaderas
factorías de grupos cerrados
que se apropian, en
cada elección, del paquete
abrumadoramente
mayoritario de cargos
electivos. Las listas de
candidatos, en el Congreso,
tienen un formato que
no ha variado en décadas.

Un grupo selecto se
reserva los primeros
puestos en el Senado y en
Diputados desde los cuales
comandan sus huestes
de calientasillas y levantamanos,
no pocos de ellos
con serias dificultades
para hacerse entender
en castellano. El modelo
se replica en las juntas
municipales y en esas
grises corporaciones
llamadas juntas departamentales
que sólo sirven
para rentar inútiles y
dilapidar los fondos de una
entelequia más, las
gobernaciones.

Algo –y aún algos, como
le dice Sancho a don
Quijote- tiene que cambiar.
Exigir moralidad y
eficiencia en el ejercicio
de la función pública
parece haberse vuelto
una utopía cada vez más
lejana e inalcanzable.
Pero un derecho que no
tenemos los ciudadanos
es a bajar la guardia y
arriar banderas.
Eso sí que no está
permitido.

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