El dinero crece en los árboles (Parte I)

Por Juan Ignacio Guerra
jguerra@ferrere.com

 

“…Verde que te quiero verde…”, escribió García Lorca, el poeta español. Asumir cuanto antes que se gana más dinero preservando los bosques que destruyéndolos, es la manera más eficiente de proteger la respiración planetaria y del Paraguay. Así que, estas líneas son un mensaje a los empresarios e inversores: hay oportunidades de aprovechamiento rentable en el negocio medioambiental. Y de paso, se salva la Tierra, quizás.

El pragmatismo del mercado puede socorrer nuestro medio ambiente, pero nos obliga a replantear los métodos. Y, como ya ocurre en muchos otros lugares de la Tierra, incluso muy cerca de nuestro país, la mejor alternativa para incentivar a que los propietarios de tierras forestales cesen la deforestación es generando un beneficio inmediato y tangible: esto es, rentabilidad.

En mayo 2018, el Banco Mundial reportó que 45 países ya le pusieron precio al carbono. En este informe sobre el interesante mercado del carbono, podemos leer que el valor combinado entre impuestos y los diversos mercados fue de USD 52 mil millones en 2017, sin incluir proyectos futuros. Y en 2018, este valor ya trepó a USD 82 mil millones.

La sostenibilidad es rentable, y el mundo empresarial ya está cambiando su modelo de hacer negocios.

Un cuarto de siglo de retraso

El panorama forestal nacional se ve sombrío, pese a la acertada derogación del impopular Decreto 7.702/17. El 31 de diciembre de 2018 se termina la vigencia de la Ley de Deforestación Cero, que prohíbe la transformación de bosques en la Región Oriental, la emisión de licencias que permitan su explotación, y que los bosques sean objeto de reforma agraria. Según estudios desarrollados en el marco del Programa ONU REDD+, en Paraguay existen más o menos 16 millones de ha de bosques, de las cuales 14 millones se encuentran en la Región Occidental.

REDD+ es un mecanismo de la ONU para la mitigación del cambio climático bajo el Protocolo de Kioto (diciembre de 1997), que busca incentivar a los países en vías de desarrollo para proteger sus recursos forestales y gestionarlos de manera sostenible.

En nuestro país, el 12% de la cobertura forestal está ubicada en áreas protegidas. Un informe reciente de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) evidenció a nuestro país como el mayor deforestador de América del Sur en los últimos 25 años (1990-2015). El INFONA (Instituto Forestal Nacional) reconoció que en el 2017 se talaron 30.000 ha de bosques en el Chaco. La superficie perdida equivale al mismo tamaño de toda la ciudad de Asunción, o a 400 parques Ñu Guazú. Igualmente, en la Región Oriental, (donde rige la Ley de Deforestación Cero), se detectó la destrucción irregular de unas 2.000 ha, aproximadamente. Esta superficie equivale en tamaño a 80 parques Ñu Guazú.

Aproximadamente, el 15-17% de todos los Gases de Efecto Invernadero (GEI) son debidos a la deforestación y la degradación forestal.

Los GEI permiten que la atmósfera terrestre retenga el calor del Sol, como en un invernadero, permitiendo que haya vida en la Tierra. Si no existieran los GEI, la temperatura media del planeta sería de -18 °C. El efecto invernadero no es algo malo en sí. Por el contrario, es esencial.

El principal gas causante del efecto invernadero es el dióxido de carbono (CO2), un gas común que se produce en la combustión, que exhalamos al respirar, y que los bosques capturan naturalmente.

El punto de inflexión ocurrió cuando la actividad humana moderna aumentó artificialmente la concentración de los GEI, con lo cual también aumentó la temperatura media del planeta. Para dimensionarlo: una tonelada de CO2 se emite recorriendo aproximadamente 3.200 km en avión o 4.900 km en un coche de tamaño medio. A 15°C de temperatura, equivale a un enorme cubo de 8 metros por lado. El promedio mundial de emisiones de C02 en 2001 fue de 3,9 ton. por persona (Banco Mundial).

Venta de los Bonos de Carbono: ¿Ver y no Cer?

Los bonos de carbono son un sistema de compensación por las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), considerando el derecho a emitir dióxido de carbono (CO2) como un bien canjeable y con un precio establecido en el mercado. En una línea: creando un valor financiero por el carbono que las superficies boscosas capturan, se busca que tengan más valor en estado natural del que tendrían taladas y convertidas en subproductos. Y existen dos mercados:

Un crédito CER (certified emission reduction) es un instrumento financiero que representa 1 tonelada métrica de CO2 que se ha reducido, almacenado o evitado; y puede ser vendido a los países desarrollados para cumplir sus cuotas comprometidas en el Protocolo de Kioto. Un crédito VER (voluntary emission reduction) es básicamente el mismo concepto anterior, pero fuera del régimen del Protocolo de Kioto.

Sin embargo, estos proyectos han sido evaluados y validados por terceras partes calificadas y colocados en registros públicos. Aunque actualmente es más pequeño que el mercado CER, su crecimiento en el sector privado está proliferando rápidamente en parte impulsado por la responsabilidad social corporativa. En Paraguay, este es el único modelo que usamos actualmente, y rige sólo en el mercado doméstico.

El precio del carbono se mide en “toneladas de CO2 equivalentes” (TnCO2e) y varía sustancialmente en el mundo, oscilando un rango que va desde los centavos hasta 140 USD/ TnCO2e. Y entonces… ¿por qué no existen aún grandes jugadores en el mercado?

Potenciar ya la rentabilidad de los bosques

El Protocolo de Kioto es una gran herramienta, pero el Estado tiene que hacer sus deberes. La inseguridad jurídica, la debilidad institucional, la incertidumbre política y otros tantos factores más ya fueron citados en informes REDD+ como causales de un contexto donde las iniciativas gubernamentales han fracasado.

A pesar de la Ley de Servicios Ambientales, algunos decretos presidenciales y varias resoluciones de la SEAM; no alcanzamos aún el grado de alineación normativa que permita garantizar el cumplimiento de los compromisos certificados, y así poder cotizar en los mercados internacionales.

La normativa vigente no basta, ya que el miedo a la sanción legal ha perdido su efecto disuasivo.

Por otro lado, el asunto de la propiedad del CO2 tiene ramificaciones jurídicas cuyo debate sigue abierto: ¿Podemos determinar que un gas emanado y disperso en el ambiente pueda ser titularizado? ¿En qué medida podemos legislar sobre elementos y gases en la atmósfera?.

Considerar al CO2 como accesorio a la propiedad inmobiliaria también conlleva un nuevo capítulo en la discusión: la posibilidad de quedar atrapado en un juicio de décadas por problemas catastrales como los títulos de “doble piso” y otros tantos más de mensura y titulación. Esto, indudablemente, espanta a la inversión.

Para que Paraguay pueda aprovechar plenamente su potencial económico es necesario reglamentar y vincular el mecanismo de la Ley 3001/06 al Programa REDD+, así como adoptar medidas que incentiven y garanticen el desarrollo de una economía ambiental sustentable. Tenemos potencial y capital humano. Abramos juntos el mercado para ganar vida y dinero.

bosqueseconomía