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Salir de la “lista negra” puede ser un calvario

 
 
 

Por Rossana Escobar
rescobar@5dias.com.py

Las estadísticas sobre morosidad que revela la firma Informconf dan a entender resultados positivos de la responsabilidad comercial del mercado paraguayo, ya que as cifras ascienden sólo al 7% de morosidad. Sin embargo, pese a que la población morosa es reducida, los inconvenientes para los clientes en falta que figuran en las planillas de las empresas que se dedican a la información comercial, pareciera ser que no terminan precisamente en el momento de cumplir con los pagos.

Es más, el calvario vuelve a comenzar a partir de la cancelación de la deuda, debido a que muchas empresas desatienden esta situación y no anulan estos nombres de las listas, o no les informan a sus proveedores de información comercial.

LAS CONSECUENCIAS

A parte del bloqueo de todo tipo de transacciones por figurar en las planillas de empresa prestadoras de información de antecedentes comerciales, hay una larga travesía para los clientes, cuando se disponen a salir de este hueco.

Es aquí donde surgen una serie de situaciones por lo que es importante comprender que la demanda judicial y la morosidad son dos datos distintos. Para dar por concluida la demanda judicial es necesario obtener el “finiquito” de la misma. Esto lo debe gestionar a través de un profesional (abogado) y obtener así del Juzgado competente dicho finiquito.

Una de las manera de eliminar la morosidad es a través de una orden (formularios de baja de la morosidad) de la empresa acreedora. Por lo que en ese caso no se puede hablar de finiquitos.

Esta diferencia es la que debe manejar perfectamente la persona que ha caído en el registro de las empresas que brindan información comercial, de manera a entender laruta a seguir para salir del asunto, y no ser perjudicado por más tiempo.

Según, Lic. Ricardo Rodríguez, gerente Comercial de Informconf en este caso existen dos escenarios. Por un lado, el contrato que ellos tienen con sus clientes a quienes les provee este tipo de informaciones, y por el otro en el que no tienen participación, que sería en el caso de que estas empresas demanden a sus clientes por morosidad ante los estrados judiciales, este un tema totalmente a parte.

En el caso de que el cliente siga figurando en Informconf por morosidad tiene la plena facultad de exigir a su proveedor que en un plazo máximo de 24 horas lo elimine de ese registro. Pero si ha caído en demanda sólo lo puede solicitar vía autorización judicial.

Se insiste en estos temas porque hay ofertas engañosas, que muchas veces prometen trámites falsos, cobrando altas sumas.

EL SISTEMA

Cualquier persona que entre a formar parte de los registros de mora y de antecedentes judiciales es susceptible a caer en trampas de los falsos profetas que prometen trámites a cambio de altos pagos.

Pero ningún gestor puede solucionar, un pacto que existe entre las empresas acreedoras y prestadoras de informes. Sólo las empresas contratantes pueden y están obligadas a solicitar el pedido de eliminación de los registros del moroso o ex moroso, aclarando en el caso de atrasos que no hayan alcanzado el escenario judicial.

Para los que han sido demandados, una vez que hayan cumplido con el pago, vía asesor jurídico pueden apelar a una resolución judicial. Hay que tener cuidado con los gestores en estos casos.

MARCO LEGAL

La Ley Nº 1969 habla claramente sobre la permanencia de los datos en las bases de datos de informaciones de empresas que proveen datos.

Con respecto a demandas finiquitadas, por ejemplo, permite su permanencia en la base hasta 3 años después de haber sido canceladas. En cuanto a morosidades mayores a 90 días de atraso, hasta 48 horas después de su cancelación; sobre juicios de convocatorias de acreedores, hasta 5 años de la resolución judicial que la admita.

La Ley impone alguna condiciones para la inclusión de morosos. Una es que la empresa acreedora tenga una autorización escrita del deudor para incluirlo como moroso (este requisito está en el contrato de préstamos o la venta a crédito). La otra es que tenga vencido un plazo por más de 90 días.

300 mil guaraníes ofrecen algunos gestores para levantar datos.




 

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