En la página oficial de la DINAPI, entidad del estado que recibió la nota de la plataforma anunciando su retiro, explica que las organizaciones de gestión colectiva actúan como un enlace entre los titulares de los derechos y los que quieren utilizar sus obras. Conceden autorizaciones, recaudan los pagos de derechos, detectan, prohíben y buscan compensación por usos no autorizados. Sería bueno ver quiénes de los artistas apoyan este proyecto de ley a sabiendas que a través de estas plataformas muchos cobran su dinero y no dependen de entidades con muy poca transparencia en el manejo de los millonarios recursos que reciben.

El texto oficial refiere que, “gracias a estas organizaciones, los autores e intérpretes reciben los pagos que merecen cuando sus obras e interpretaciones son utilizadas y los usuarios pueden conseguir permiso para el uso de tales obras e interpretaciones más fácilmente”. Un dato no menor hace cuenta que el proyecto de ley viola el artículo 42 de la Constitución que habla sobre la libertad de asociación. La AIE como la encargada de gestionar lo recaudado, previo cobro de hasta un 20% de gastos administrativos busca que se haga ley. Esto no es correcto.