“El Ministerio de Obras Públicas está promoviendo activamente asociaciones público-privadas (APP) y concesiones para impulsar inversiones en infraestructura clave”. Esta definición pertenece a un funcionario del área de proyectos estratégicos -o algo parecido- del Gobierno enunciando un viejo apotegma cuyo significado hasta el momento no ha podido traducir en realidad. La ley 5102 data de 2016 y desde entonces establece normas y mecanismos que, a través de la participación público-privada, debería alentar inversiones en infraestructura pública y en la prestación de los servicios a que las mismas estén destinadas.