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Editorial

Avanzar hacia la reforma del sector eléctrico

Nosotros seguimos con un atraso bíblico en infraestructura, regulación e inversión que impide la participación privada en el sector.

 
 
 

Mientras remamos en medio de la pandemia vamos acercándonos inexorablemente a una fecha clave, 2023, que es cuando el anexo C del Tratado de Itaipú deberá ser revisado de común acuerdo con Brasil para, entre otros aspectos, rever el complejo tema de la potencia contratada por las entidades de ambos países (ANDE y Eletrobras), determinar el precio de la energía no utilizada y vendida a nuestro socio, además del ajuste de cuentas en el espinoso asunto de la deuda que arrastramos desde la construcción de la central. Esta etapa se dará en un contexto de grandes diferencias entre Paraguay y Brasil en materia de mercado energético.

En nuestro país, ANDE sigue siendo un “monopolio natural” sin ninguna instancia superior que lo regule. Eletrobras, en cambio, tiene por encima suyo la Agencia Nacional de Energía Eléctrica cuya misión es “proporcionar condiciones favorables para que el mercado de energía eléctrica se desenvuelva con equilibrio y en beneficio de la sociedad”. La existencia de este organismo abre camino al otorgamiento de licencias para generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica en ajuste con la política energética diseñada por el Estado. Esto permite al capital privado inyectar recursos financieros, técnicos y de gerenciamiento que apunten a la creación de mercados según demandas específicas. Esta etapa es esencial para abrir el sistema a nuevas formas de generación de energía renovable, en especial la eólica, la fotovoltaica y el “hidrógeno verde”, además de plantas de hidroenergía de bajo impacto ambiental.