Los granjeros de Alemania, Francia, España y de la mayor parte de la comunidad reclaman a la Comisión Europea -corazón administrativo de la Unión- un aflojamiento de las medidas restrictivas que los exacerban y llevan a la quiebra a miles de unidades agroganaderas. El último paso es el Reglamento 1115 de 2023 que, bajo el signo de la trazabilidad de origen, obliga a los importadores de productos agro ganaderos de extra zona, a exigir a los países proveedores un ajuste estricto a la legislación europea que combate la deforestación y la degradación forestal a escala global. Esto ha generado un contexto de regulaciones tan asfixiantes que muchos productores locales, en especial pequeños y medianos, no pueden soportar sin un creciente endeudamiento que frecuentemente acaba con la liquidación bancaria de fincas centenarias. El resultado es el encarecimiento de la producción y la liquidación de cualquier rentabilidad que una unidad campesina pueda tener. De esto ya se habían cansado hace décadas los productores lácteos del Reino Unido que pudiendo, alegaban, vender a los británicos su mantequilla a 70 peniques la libra debían cobrarla el doble por culpa de la agricultura ineficiente de Francia o España.