La ley vigente, según el “compañero Fernández”, ya está vieja, tiene más de 20 años y deja desamparados a los 300 y pico de miles de empleados públicos. Palabras más o menos, el “compañero Fernández” arremetió nada menos que en contra del recurso de inconstitucionalidad que al parecer se ejerce ocasionalmente contra la ley 1626 que regula la función pública. El “compañero Fernández” aseguró ante sus colegas diputados y senadores -en su condición de rentados por el Estado- que cuando un funcionario público tiene algún problema laboral no sabe a qué foro recurrir, si al administrativo o al laboral. “El resultado es que el compañero termina totalmente desamparado sin tener adonde recurrir para ejercer sus derechos”.