Para el ciudadano común podría ser una especie de entelequia enderezada a ocupar a una élite de especialistas que hablan lenguaje técnico, muy lejos del día a día del ciudadano común. Pero en este caso no se trata de mera jerga burocrática sino de un conjunto de interrogantes que puede ser útil a la hora de evaluar qué hace el Gobierno con el dinero de los contribuyentes.

En esta tesitura, la pregunta de arranque para evaluar cómo se gasta el dinero público es determinar la magnitud real de los problemas y si está justificada la red de servicios montada para resolverlos. La siguiente etapa responde a tres preguntas básicas: Si se evalúa el desempeño de las oficinas y programas activados para proveer servicios; si se rinde cuenta a los ciudadanos que aportaron los fondos aplicados; y, finalmente, si el conjunto de ramas del Gobierno se articula en la oferta de servicios con demanda real. El conjunto final debe arrojar una cifra que permita establecer una relación costo-beneficio de la acción gubernamental.

¿Existe en la praxis administrativa del Estado esta modalidad o se trata simplemente de una mera expresión de deseos? Hasta ahora, que sepamos, el PGN se articula y ejecuta por programas, lo cual significa planificar una cantidad determinada de gastos en función de determinados proyectos. Pero ahí acaba todo. La información sobre los resultados hay que sacársela al Estado con tirabuzón aún cuando quienes la soliciten sean organismos públicos como la Contraloría General.