Dice usted que su Gobierno citó a los embajadores de los países miembros para entregarles pruebas documentales sobre los trabajos de mantenimiento de la Hidrovía Paraguay Paraná (HPP) que, deducimos, justificarían el cobro de hecho de un peaje a nuestro juicio ilegal. Sostiene usted que si alguno de los socios en la HPP tiene algo que reclamar, el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra prevé mecanismos para la solución de controversias. Correcto, sólo que a este paso lo antecede el artículo cinco de dicho acuerdo que dice, a la letra: “Sin previo acuerdo de los países signatarios no se podrá establecer ningún impuesto, gravamen, tributo o derecho sobre el transporte, las embarcaciones o sus cargamentos, basado únicamente en el hecho de la navegación”. Y ese tramite previo jamás se cumplió.