El Gobierno sigue dejando irresuelto el tema de las tarifas del transporte de cargas, tal vez esperando que las cosas se solucionen solas. Ya intentó hacerlo subsidiando el combustible, uno de los componentes del problema. Se habrá convencido de que ese no es el camino, sobre todo en un Estado al que no le sobra nada para andar regalando dinero que no tiene. El asunto requiere, como se dice ahora, un enfoque holístico, es decir, tomando en consideración todos los elementos del problema.
El combustible no sólo no va a bajar de precio sino que es imposible saber siquiera si va a dejar de subir. Por lo tanto, por ese lado no hay mucho que hacer, al menos por ahora. Pero los dirigentes transportistas han advertido que hay otros factores que juegan en contra del sector, como por ejemplo la incursión de grupos de poder económico que irrumpen en el gremio con fines delictivos y que rematan sus tarifas distorsionando el mercado. Esta desnaturalización del negocio, dicen los gremialistas, es posible por falta de control de la autoridad de aplicación de la ley nacional de tránsito y seguridad vial. A este factor delictivo se suma la informalidad en la que prefieren trabajar miles de transportistas, otra variable de distorsión de las tarifas.
