“Imputan a exconcejal y empresario por explotar ilegalmente juegos de azar”. La noticia puede haber tomado desprevenido a más de un ciudadano pero la realidad es que hechos como estos son más comunes de lo que se piensa. No la imputación de un político, aclaremos, sino el hecho de que políticos en cargos públicos exploten juegos de azar legal o ilegalmente o perciban dividendos pro venta de influencias. Esta es una condición que permea prácticamente todas las administraciones municipales del país. Cifras estimativas hablan de no menos de 100 a 120.000 máquinas tragamonedas que infectan todo el país. El precio estándar de una de esas maquinas -de las que se instalan en despensas, bares, copetines, etc.- va de un mínimo de Gs. 1.500.000 a 2.200.000. El “instalador” deja la cantidad de unidades que el dueño del local acepta a las buenas o a las malas. Cada uno de estos trastos es habilitado con un pozo mínimo, digamos Gs. 500.000 y la facturación mensual puede llegar a los Gs. 2.000.000. El despensero o copetinero se queda con un 15 o un 20% y el resto va al “instalador”. De donde se colige que si el municipio, en un rapto de furia, confisca una máquina, reponerla insume apenas la facturación de un mes, o menos. La multas estándar que acompaña la requisa no pasa de Gs. 8.300.000. Para que toda esa acción punitiva se produzca, toda la maquinaria municipal debe estar al tanto y moverse en consecuencia. Se entiende entonces el porqué del concejal imputado, etc. ¿Clarito, verdad?